ALERTA UPD CONTRA NUEVO FRAUDE DE SUPUESTA CONSTRUCTORA

Al enterarse por medio de afiliados en los asentamientos de la region 234 manzana 41, tianguis, poligonos y 236, de que Ramiro de la Rosa, en complicidad con algunos otros pseudocoordinadores encabezados por Jonhatan Cutz, recientemente expulsado de la UPD por malos manejos y traicion, se han dado a la tarea de recorrer dichos lugares solicitandole a los posesionarios 5000 pesos por cabeza supuestamente para dar enganche a la fantasmal constructora GIRASOL, quien, segun dicho de dela rosa y cutz son los verdaderos dueños de los predios, y estan dispuestos a vender, la dirigencia de la organizacion de inmediato se dirigio a las autoridades respectivas, constatando que LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS EN LA REGION 236 Y 234 SON INFOVIR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL. Y que ningun funcionario estatal o municipal conoce o reconoce de tales transacciones, por lo que desde este blog, hacemos PUBLICA DENUNCIA DE ESTE NUEVO FRAUDE QUE SE PRETENDE COMETER CONTRA LA GENTE POBRE DE CANCUN, al mismo tiempo que llamamos a los que hayan entregado alguna cantidad de dinero a De la Rosa, a Cutz o algun enviado o enviada de los mismos, se ponga en inmediato contacto con nuestro equipo juridico para presentar la denuncia de hechos correspondiente.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION LES INFORMAMOS QUE NI ROBERTA ARZATE NI NINGUN DIRIGENTE DE LA UPD ESTAN INSMICUIDOS EN TAL TIPO DE ACCIONES, YA QUE VA CONTRA NUESTROS PRINCIPIOS LA TRAICION Y EL ENGAÑO AL PUEBLO.
Ni la ley garrote recientemente aprobada y que va con clara dedicatoria a los luchadores sociales, ni las denuncias presentadas contra la gente, ni LA LABOR DE DIVISION Y ENGAÑO QUE GENTE MAL INTENCIONADA PRETENDE REALIZAR AL INTERIOR DE LA UPD, PODRAN DESTRUIR NUESTRA LUCHA Y NUESTRA ORGANIZACION.
adelante en la lucha POR UNA VIVIENDA DIGNA Y POR EL DERECHO A LA CIUDAD.
ADELANTE EN LA COSNTRUCCION DE UN FRENTE UNICO DE LUCHA QUE AGLUTINE A TRABAJADORES, POLICIAS DE BASE, GENTE AFECTADA POR EL RELLENO, SEXOSERVIDORAS, EJIDATARIOS, COLONOS, ESTUDIANTES Y DEMAS GENTE AFECTADA POR LA POLITICA NEOLIBERAL DEL GOBIERNO DE GREG SANCHEZ.

EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO ES DEL PUEBLO

ATTE
DIRECCION ESTATAL DE LA UNION POPULAR DEMOCRATICA-MUP-IDN

DOS PROYECTOS DE NACION, la realidad de las discrepancias con el gobierno gregoriano

Al paso de los dias, y casi al llegar a los criticos 100 dias de gobierno, la admnistracion de Greg Sanchez, demuestra de manera cada vez mas diafana, el caracter y orientacion de su actuar.

Queda cada vez mas claro, que, a pesar de haber llegado utilizando el membrete y el caudal politico social del Partido de la Revolucion Democratica y de los demas institutos agrupados en la Coalicion Con la Fuerza de la Gente, el gobierno gregoriano no responde a los programas de gobierno planteados por el PRD y el FRENTE AMPLIO PROGRESISTA, sino mas bien obedece y responde a las politicas neoliberales que buscan privatizar y echar en los hombros de los que menos tienen, las consecuencias de la aplicacion de politicas antipopulares que fortalecen solo a unos cuantos, los grandes poseedores de los medios de produccion y riquezas.

Y eso se ve en todos los rubros de su accionar.

Desde su politica hacia la relacion con las organizaciones sociales y sus demandas, en la cual destaca la imposicion y la negativa al dialogo obligando a los movimientos a realizar marchas, plantones y acciones de resistencia civil para obtener de alguna manera alguna respuesta, y por suspuesto, la importacion de represores de otros estados para tratar de frenar la lucha popular.

Como solucion magica al Problema de la basura y de la vivienda, plantea, en el primer caso, entregar la consecion de la recolecta y tratado de los desechos a la iniciativa privada, llegando al extremo, de hacer decir a su fiel escudero Julian Ricalde, que a la gente no le interesa quien recolecta sino que este trabajo sea eficaz.

La experiencia latinoamericana de privatizaciones enseña claramente que cuando los servicios son entregados al gran capital, como pretende hacer Greg Sanchez, no solo no se obtienen soluciones, sino se agrava la problematica al dejar a la usura e interes de acumulacion de capital LOS SERVICIOS BASICOS DE LA CIUDAD.

En el terreno de la vivienda, plantea que sean a las constructoras privadas, a quien lse le entregue los recursos federales -gestionados por cierto por nuestra organizacion y jamas por el- para que sigan construyendo vivienda patito, sin estacionamientos ni calles, pues seran casas para pobres.

Al problema del ambulantaje, originado en la falta de empleos remunerativos y capacitacion, responde con represion, lo mismo que para las sexoservidoras a quien no ha dudado de catalogarlas como basura.

Ahora, hasta a los voceadores pretende reprimir e impedir su labor.

Al derecho a los pobladores de las delegaciones a dotarse mediante via democratica de sus representantes, intenta imponer sus incondicionales.

DEFINITIVAMENTE TALES ACCIONES SON PROPIAS DE UN GOBIERNO DE DERECHA, NO DE UN GOBIERNO EMANADO DE LA IZQUIERDA.

EL UNICO CAMINO ESTA A LA IZQUIERDA Y CON EL PUEBLO DE CANCUN

A nuestra Organizacion le queda claro, con todos esos elementos, aunados a que los principales puestos en la administracion lo ocupan incondicionales, empresarios, y uno que otro perredista de la nueva izquierda, si de esa nueva izquierda calderonista y entreguista, que la lucha que se viene SERA LARGA Y MUY DIFICIL, Pero no nos amilanamos, sino mas bien nos estamos reagrupando y reorganizando buscando la solidaridad en el Estado, en el Pais y en el mundo, LLAMANDO A LA CONSTRUCCION DE UN GRAN FRENTE UNICO DE LUCHA, en el cual participen todos los movimientos en lucha y desde luego LOS REGIDORES AUTENTICAMENTE PERREDISTAS Y COMPROMETIDOS CON EL PROYECTO DE NACION DE AMLO Y CON LAS LUCHAS DEL PUEBLO DE MEXICO.

Ni los policias tipo Vera, expertos en reprimir y asesinar al pueblo. Ni las difamaciones y calumnias de las cuales hemos sido victimas mediante las cuales buscan ensuciar nuestra imagen ante la ciudadania como primer paso hacia la represion, podran detener la lucha de un pueblo unido y organizado.

Vamos pues a las calles, esta es nuestra propuesta, a promover la CONSULTA SOBRE LA PRIVATIZACION DE LOS RECURSOS ENERGETICOS, PERO JUNTO CON ELLA, PROMOVAMOS UNA CONSULTA RESPECTO A COMO VEN LOS CANCUNENSES EL GOBIERNO DE GREG SANCHEZ Y QUE DEBE HACER EL PRD, LOS REGIDORES PERREDISTAS Y DEL FAP PARA SOLUCIONAR LA ERRONEA CONDUCCION DE ESTE GOBIERNO GREGORIANO QUE HASTA EN LOS ASUNTOS INTERNOS DEL PRD HA PRETENDIDO METER LA MANO.

La respuesta solidaria no ha tardado en aparecer. Asi las cosas, en la pasada Asamblea Nacional del Consejo de Defensa de la Vivienda del Gobierno Legitimo se acordo un plan de accion que contempla la constitucion a corto plazo del CDV en Quintana Roo y que condena la judializacion de los movimientos sociales y la represion como unica respuesta de los gobiernos prianistas a las demandas populares.

LLAMAMOS A TODOS Y TODAS LOS COMPAÑEROS DE TODOS LOS ASENTAMIENTOS, INCLUIDOS LOS MALDIRIGIDOS POR EL NEFASTO RAMIRO DE LA ROSA, QUE NO DEJA OPORTUNIDAD PARA DIFAMARNOS Y ATACARNOS COBARDEMENTE, PARA RESISTIR JUNTOS Y ORGANIZADOS.

La reforma represiva a la ley no podra frenar la lucha del pueblo por una VIVIENDA Y UNA CIUDAD DIGNAS.

EL PRESENTE ES DE LUCHA EL FUTURO ES DEL PUEBLO

POCO A POCO DE UNO EN UNO, PRONTO SEREMOS MILES

UNION POPULAR DEMOCRATICA-MUP

ACUERDA LA UPD RESISTIR viaja comision al DF a reunion del CONSEJO DE DEFENSA DE LA VIVIENDA

Luego de la decision de la coordinacion de UPD respecto a consultar a las bases para tomar una posicion ante la inminente ola represiva que se viene con la aprobacion el dia de ayer de la reforma al codigo penal que convierte en delito grave y sin fianza la invasion, el dia de hoy desde las 9 am de la mañana se realizaron asambleas en todo Cancun en las cuales el acuerdo UNANIME fue el DE RESISTIR Y ENFRENTAR LA REPRESION CON UNA MAYOR Y MEJOR ORGANIZACION.
Asimismo se acordo dar toda la solidaridad a los dirigentes principales de la organizacion y preparar los relevos necesarios en caso de detenciones.
Con estos acuerdos y el clamor del Pueblo pobre de Cancun para que desde todo el mundo se rodee de APOYO Y SOLIDARIDAD LA LUCHA POR UNA VIVIENDA DIGNA, una comision de UPD viaja en estos momentos al DF para participar en la asamblea nacional del CONSEJO DE DEFENSA DE LA VIVIENDA llevando la peticion de que la Arquitecta Laura Itzel Castillo, Secretaria de Vivienda del Gobierno Legitimo, acuda a la brevedad a Cancun a mediar para una solucion favorable y a presidir el evento constitutivo de la delegacion QUINTANA ROO DEL CDV.

NI CON CARCELES NI CON PLOMO DETENDRAN LA LUCHA DEL PUEBLO

BALANCE DE LA JORNADA EN DEFENSA DE LA CIUDAD

Pues bueno, tuvimos que hacer ajustes y cambios de ultima hora, a la convocatoria. Lamentablemente no respondieron otras fuerzas, demostrandonos que tenemos aun mucho que hacer para vencer el localismo y convencer a las organizaciones y sectores en lucha que aislados y cada quien por su cuenta, es mucho mas dificil enfrentar y vencer en esta dura lucha por una ciudad digna y al servicio de todos.
Igualmente, el evento programado del domingo, fue suspendido, dado que el compañero ponente, Arturo Ocon de la UNION DE COLONIAS POPULARES, no pudo asistir por motivos de salud.
Sin embargo,el balance es positivo, la marcha fue bastante combativa, y, pese a que el señor alcalde de cancun, tuvo a bien no recibirnos y ponernos como comite de bienvenida a la fuerza antimotines, logramos ser recibidos por el Director de Gobierno, Dr Tomas Contreras y el segundo regidor, Ricardo Velasco, comprometiendose este ultimo en que en un plazo maximo de 8 dias, seremos recibidos por el alcalde.
Al otro dia, coordinadores y activistas de los diversos asentamientos donde la UPD tiene presencia, nos dimos cita en el local del PRD estatal, para realizar un taller denominado en DEFENSA DEL DERECHO A LA CIUDAD. Fue increible como participo la gente. Que entusiasmo y decision, principalmente de las compañeras que salieron bien empoderadas de este evento, coordinado por la Arquitecta Ligia Garcia, del CONSEJO DE DEFENSA DE LA VIVIENDA.
Mas tarde, se hizo un recorrido con la arquitecta por la mayoria de asentamientos para que la compañera tuviera mayores elementos.
Al final, la Arquitecta Ligia comprometio su apoyo para la realizacion de proyectos y gestion de recursos.
La proxima semana llevaremos al alcalde de Cancun las propuestas emanadas de este taller y de la discusion que desarrollaremos al seno de las comunidades y en la coordinacion municipal de UPD, esperando esta vez si pueda y quiera atendernos.

DISCURSO DE LA UPD EN LA MARCHA DEL 6 DE JUNIO

Hoy 6 de junio del 2008, la UNION POPULAR DEMOCRATICA, organización integrante del MOVIMIENTO URBANO POPULAR, inicia una JORNADA DE LUCHA, con esta gran MARCHA en la que hemos convocado a todas y todos los interesados en hacer de CANCUN y de nuestro municipio, Benito Juarez y nuestro estado, Quintana Roo un lugar DIGNO, JUSTO, LIMPIO, CON IGUALDAD DE DERECHOS PARA TODOS, SEGURO, CON VIVIENDA DIGNA entendiendo esta no como unas simples paredes y un techo, sino como UN TODO ARMONIOSO EN EL CUAL NUESTRAS FAMILIAS VIVAN DIGNA Y FELIZMENTE.

Tenemos en comun, la gran mayoria de cancunenses, de venir de otros lugares del pais en busqueda de un futuro mejor, y hoy, cuando ese futuro se ve incierto por el gran aumento de la delincuencia, por la imposicion de basureros que afectan gravemente nuestra salud y nuestra vida, por la falta de trabajo y vivienda dignas, hemos decidido unir fuerzas para venir hasta aqui a decirle a las autoridades que queremos el beneficio para todos y todas, no para unos cuantos y que estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad y aun la vida misma en aras de tal ideal.

Para decirles que no somos delincuentes, que nos ofende que nos llamen asi solamente porque exigimos una vivienda digna y que nuestro entorno sea limpio y saludable, y que mas nos agravia que en vez de escucharnos se nos descalifique y amenaze y en ocasiones hasta se nos golpee utilizando la policia y cholos.

Para gritarles que no solo exigimos, SINO QUE PROPONEMOS, que tenemos SOLUCIONES TAMBIEN, PERO NECESITAMOS QUE NOS PERMITAN PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES DADO QUE NO SOMOS NIÑOS DE PECHO PARA QUE NOS DIGAN Y OBLIGUEN A ACEPTAR CALLADAMENTE LO QUE DEBEMOS ACEPTAR Y DONDE DEBEMOS VIVIR Y COMO.

Para el tratamiento de los desechos, proponemos

QUE SE CREEN EMPRESAS SOCIALES DE RECOJA Y PROCESAMIENTO, EVITANDO A TODA COSTA LA PRIVATIZACION. LA EXPERIENCIA DE LA PRIVATIZACION DE ESTE SERVICIO EN OTROS LUGARES DEMUESTRA QUE ESTA NO ES UNA BUENA SOLUCION. Ofrecemos asesoria y coolaboracion al gobierno en este rubro.

Que no se castigue a los pobres de Cancun imponiendoles a unos metros de sus casas depositos insalubres.LAS CONSECUENCIAS DE PERSISTIR EN ESTA MEDIDA SERAN IMPREVISIBLES Y SIEMPRE BAJO SU RESPONSABILIDAD SR PRESIDENTE MUNICIPAL.

Para la seguridad publica, nuestras propuestas son

FUERA REPRESORES Y TORTURADORES DE LA POLICIA Y TRANSITO. Necesitamos una fuerza publica al servicio de la gente y no contra la gente.

FORMACION DE LA POLICIA DE BARRIO, formada por vecinos y vecinas voluntarios.

Igualmente nos ofrecemos a coolaborar en esta tarea.

Salarios dignos y condiciones de trabajo para la policia de tropa, que es pueblo como nosotros.

Para resolver la problematica de VIVIENDA pensamos que

Se debe culminar un censo general de posesionarios, ubicando a los que realmente necesitan una vivienda y promover para ellos un PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL, en el cual, mediante la AUTOCONSTRUCCION se abaraten los costos y se logre mejor calidad. Darle el proyecto a las constructoras es simplemente hacer mas rico al rico. EN ESTE ESFUERZO EXIGIMOS NUESTRA PARTICIPACION EN LA COMISION DE VIVIENDA Y QUE LOS TRES SECTORES PARTICIPEN. Podemos y sabemos aportar en gran en medida en este rubro.

USTED SEÑOR PRESIDENTE, TIENE LA PALABRA. O REPRESION O DIALOGO. O INTOLERANCIA O CONCERTACION. TIENE NUESTRA MANO TENDIDA, USTED SABE SI LA ESTRECHA O NOS MANDA PONER LAS ESPOSAS. PORQUE DEFINITIVAMENTE !!!!NO CLAUDICAREMOS!!!!!

COMISION POLITICA UNION POPULAR DEMOCRATICA-MUP

Critican invasores la tipificación del despojo como delito grave

tomado de NOVEDADES de QUINTANA ROO.

La Unión Popular Democrática califica como "tramposa" la iniciativa de las autoridades, a quienes acusa de atacar a sus anchas a quienes están asentados de manera irregular. Foto/Tomás Álvarez

La Unión Popular Democrática (UPD) que agrupa a cuatro mil familias de la región 234, región 227, polígono 1 y 2, La Cadena y Cuna Maya, las cuales se encuentran asentados de manera irregular, indicó que no se toma en cuenta a la ciudadanía con respecto a las modificaciones que se le pretenden hacer a la ley en Quintana Roo.
Mientras que las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados local ya tienen listo el correspondiente dictamen y, según el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados local, Pedro Poot Ek, posiblemente entre al pleno para su discusión en la sesión del próximo 12 del presente mes.
La UPD señaló que la tipificación como delito grave del despojo es una oportunidad que tienen las autoridades para hacer ataques a sus anchas y calificó dicha iniciativa como "tramposa", ya que no se respetaría la no retroactividad de la ley. Víctor Hugo Morales Olivares apuntó que "esta ley está lanzada para nosotros los líderes que hacemos propuestas, sería una ley tramposa porque no va a importar si lo hicieron antes o después el despojo, simplemente se va a actuar".
Sería, agregó, contra el delito que en esos momentos se esté cometiendo, lo que fue ayer no se castiga, pero si el delito sigue persistente la autoridad tiene la facultad de intervenir en cualquier momento, de esta manera pueden interpretar la ley.
Subrayó que "nos congratulamos que reflexionaran en el Congreso y que pensaran escuchar más voces y lo primero que pedimos es que escuchen la voz del pueblo, porque han escuchado las voces de las autoridades de distintos niveles, pero no de los involucrados y perjudicados".
Agregó que todos tienen derecho de amparo, por lo que esperan que las autoridades tengan un acercamiento con ellos.
Se refirió a las represiones que han sufrido por parte de las autoridades y mencionó que "se hicieron sin que se haya tipificado como grave el delito de despojo, ahora con esta nueva tipificación las represiones serían más constantes".
En otro sentido, Morales Olivares se refirió a las propuestas que la UPD ha hecho para resolver el problema de las invasiones en Cancún.
"Hablando de propuestas, el martes 3 tuve una entrevista telefónica con el director del Infovir, Ricardo Pech Gómez, y el director de Conavi, Carlos Gutiérrez, para iniciar los trabajos para resolver el problema de las invasiones, particularmente en los predios donde la UPD está viniendo a asesorar a la gente", dijo.
Adelantó que la semana que entra ambas dependencias realizarán una reunión de trabajo para tocar asuntos relacionados con dicho problema.
Comentó que por el momento el Infovir está realizando su conteo en la región 234 y propuso que se realice un solo conteo general.
Las reformas legales tendientes a poner un hasta aquí a las invasiones de predios en la entidad están casi terminadas, pues se trata de subirlas al pleno del Congreso el próximo jueves 12 de junio, y buscan garantizar privaciones de la libertad para quienes promuevan este delito con sanciones que podrían llegar hasta los nueve años de cárcel.
Para el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados local, Pedro Poot Ek, está listo el correspondiente dictamen y tales sanciones deben ser sin derecho a fianza para los autores intelectuales en una mayor severidad, pues se consideraría delito grave la invasión.
Respecto a los autores intelectuales de las invasiones, precisó una mínima penalidad de 350 días de multa, pero si ocurre en predios como los parques nacionales entonces la sanción ascendería a los 500 días de multa.
Para el caso de los autores materiales habría el beneficio de la libertad bajo fianza, por considerar que se trata de sujetos utilizados por diversas causas en la configuración de este delito.
(Denis Ruiz)

CARTA DEL DERECHO A LA CIUDAD

Los dias 6, 7 y 8 de junio realizaremos en Cancun, la Primer Jornada en Defensa del Derecho a la Ciudad. Tal concepto surge en diversos encuentros de organizaciones y especialistas comprometidos con las luchas urbano-populares. Reproducimos integro el documento.

CARTA MUNDIAL DEL DERECHO A LA CIUDAD

Foro Social de las Américas – Quito – Julio 2004
Foro Mundial Urbano - Barcelona – Quito – Octubre 2004
Foro Social Mundial – Enero 2005

PREÁMBULO

Iniciamos este nuevo milenio con la mitad de la población viviendo en ciudades. Según las previsiones, en el 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a 65%. Las ciudades son, potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. El modo de vida urbano influye sobre el modo en que establecemos vínculos con nuestros semejantes y con el territorio.

Sin embargo, en sentido contrario a tales potencialidades, los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países del tercer mundo se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta y poder así como procesos acelerados de urbanización que contribuyen a la depredación del ambiente y a la privatización del espacio público, generando empobrecimiento exclusión y segregación social y espacial.

Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada -en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades. Este contexto favorece el surgimiento de luchas urbanas representativas, aunque fragmentadas e incapaces de producir cambios significativos en el modelo de desarrollo vigente.

Frente a esta realidad las entidades de la sociedad civil reunidas desde el 1er. Foro Social Mundial 2001, discutieron y asumieron el desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social. Uno de sus fundamentos debe ser el respecto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural.

Desde el I Foro Social Mundial en la ciudad de Porto Alegre un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil comprometidas con las luchas sociales por ciudades justas, democráticas, humanas e sustentables vienen construyendo una carta mundial del derecho a la ciudad que traduzca los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, gobiernos locales y nacionales y organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en nuestras ciudades.

La carta mundial del derecho a la ciudad es un instrumento dirigido a contribuir con las luchas urbanas y con el proceso de reconocimiento, en el sistema internacional de los derechos humanos, del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado. Así, la justificativa para un enfoque específico en el derecho a la ciudad se debe a:

• el acelerado proceso de urbanización – en gran medida ya terminándose en América Latina y en acelerado proceso en Asia – está dejando ciudades hechas a pedazos en las que cada día se ve más lejano el cumplimiento de los derechos humanos;
• la tendencia creciente tanto del crecimiento urbano como de la pobreza en las ciudades;
• la creciente ubicación en zonas vulnerables de los asentamientos populares urbanos y los desastres consecuentes;
• la proliferación de desalojos masivos, de políticas contrarias a las dinámicas del poblamiento urbano popular y la creciente segregación social que violentan la vida en la ciudad y desconocen las contribuciones de los sectores populares en la construcción de ciudad y de ciudadanía;
• la necesidad de contar con un instrumento muy claro en nivel internacional del cual puedan apropiarse los movimientos sociales para revertir estas tendencias;
• incluso en los países predominantemente rurales como la India, se vive actualmente un acelerado proceso de urbanización y de concentración precaria de inmigrantes urbanos en grandes ciudades. Estas y otras graves tendencias exigen de un enfoque específico en las ciudades.

El tradicional enfoque sobre mejoramiento de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio, se amplía para enfocar la calidad de vida en la ciudad, cómo una forma de beneficiar la población que vive en las ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. Eso implica enfatizar una nueva manera de promoción, protección y defensa de los derechos humanos referidos a lo económico, social, cultural, civil y político, garantizados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, por medio de distintas formas de participación democrática y por el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad.

El derecho a la ciudad democrática, justa, equitativa y sostenible presupone el ejercicio pleno y universal de todos sus habitantes de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos previstos en los Pactos y Convenios internacionales de Derechos Humanos – reconocidos anteriromente: el derecho al trabajo y a condiciones favorables de trabajo; el derecho de conformar sindicatos; el derecho a una vida en familia; el derecho a la seguridad social; el derecho a un patrón de vida adecuado; el derecho a alimentación y vestuario; el derecho a una vivienda adecuada; el derecho a la salud; el derecho al agua y otros recursos naturales; el derecho a la educación, el derecho a la cultura; el derecho a la participación política, el derecho de asociación, reunión, manifestación; el derecho a la seguridad publica; y el derecho a la convivencia pacífica.

Entretanto, además de garantizar los derechos humanos de las personas, el territorio de las ciudades, sea urbano o rural, es espacio y lugar de ejercicio y cumplimiento de derechos colectivos cómo forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sostenible de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades de las ciudades. En ese sentido, es relevante resaltar en la Carta los derechos colectivos a que están sujetos los habitantes de la ciudad: el derecho al medio ambiente; el derecho a la participación en el planeamiento y gestión urbanas; el derecho al transporte y movilidad públicos; el derecho a la justicia.

En la ciudad, la correlación entre estos derechos y la necesaria contrapartida de deberes es exigible de acuerdo a diferentes responsabilidades y situaciones socio-económicas de sus habitantes, como forma de promover la justa distribución de los beneficios y encargos resultantes del proceso de urbanización; la distribución de la renta urbana, y la democratización del acceso a la tierra y a los servicios públicos por la población pobre.
Se invita a todas las personas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y nacionales, y organismos internacionales a participar de este proceso en el ámbito local, nacional, regional y global, contribuyendo con la constitución, difusión e implementación de la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad como uno de los paradigmas de este milenio de que un mundo mejor y posible.

Parte I – Disposiciones Generales

ARTICULO I. DERECHO A LA CIUDAD
1. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, raza, etnia u orientación política y religiosa, y preservando la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se establecen en esta carta.

2. El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia y justicia social; es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente e incluye, por lo tanto, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos. Incluye también el derecho a la libertad de reunión y organización, el respeto a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural; el respeto a los inmigrantes y la garantía de la preservación de la herencia histórica y cultural.

3. La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos sus habitantes.

4. Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive la adopción de medidas legislativas y normativas, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sin afectar su contenido mínimo esencial.

5. A los efectos de esta carta se denomina ciudad a toda villa, conglomerado, aldea, capital, localidad, suburbio, ayuntamiento, o pueblo que este organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter Municipal o Metropolitano, y que incluye las porciones urbana, rural o semi rural de su territorio.

6. A los efectos de esta carta se consideran ciudadanos(as) a todas las personas que habiten en forma permanente o transitoria en las ciudades.

ARTICULO II. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DEL DERECHO A LA CIUDAD

Son principios del Derecho a la Ciudad:

1. EJERCICIO PLENO DE LA CIUDADANIA Y GESTIÓN DEMOCRATICA DE LA CIUDAD:
1.1. Las ciudades deben ser un ámbito de realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas las personas, en condiciones de igualdad, equidad y justicia, así como el pleno respeto a la producción social del hábitat. Todas las personas tienen el derecho de encontrar en la ciudad las condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social, ecológica, asumiendo el deber de la solidaridad.

1.2. Todas las personas tienen el derecho a participar a través de formas directas y representativas en la elaboración, definición y fiscalización de la implementación de las políticas públicas y del presupuesto municipal en las ciudades para fortalecer la transparencia, eficacia y autonomía de las administraciones públicas locales y de las organizaciones populares.

2. FUNCION SOCIAL DE LA CIUDAD Y DE LA PROPIEDAD URBANA:
2.1. La ciudad tiene como fin principal ejercer una función social, garantizando a todas las personas el usufructo pleno de la economía y de la cultura, la utilización de los recursos y la realización de proyectos e inversiones en su beneficio y de los habitantes, dentro de criterios de equidad distributiva, complementariedad económica, y respecto a la cultura y sustentabilidad ecológica; el bienestar de todos y todas los(as) habitantes en armonía con la naturaleza, hoy y para las futuras generaciones.

2.2. Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los ciudadanos deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. Todos los(as) ciudadanos (as) tienen derecho a participar en la propiedad del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de justicia social y de condiciones ambientales sustentables. En la formulación e implementación de las políticas urbanas se debe promover el uso socialmente justo del suelo urbano, en condiciones seguras, ambientalmente equilibrado y con equidad entre los géneros y ambientalmente equilibrado del espacio y suelo urbano y en condiciones seguras.

2.3 En la formulación e implementación de las políticas urbanas debe prevalecer el interés social y cultural por sobre el derecho individual de propiedad.

2.4. Los ciudadanos tienen el derecho a participar de las rentas extraordinarias (plusvalías) generadas por la inversión pública que es capturada por los propietarios privados sin haber efectuado ninguna acción sobre su propiedad.

3. IGUALDAD, NO-DISCRIMINACIÓN:
Los derechos enunciados en esta carta serán garantizados a todas las personas que habiten en forma permanente o transitoria en las ciudades sin ninguna discriminación de edad, género, orientación sexual, idioma, religión, opinión, origen étnico racial, social, nivel de renta, nacionalidad, o situación migratoria.
Las ciudades deben asumir los compromisos adquiridos respecto a implementar políticas públicas para la Igualdad de oportunidades para las mujeres en las ciudades, expresas en la CEDAW, como asimismo las conferencias de Medio Ambiente (1992) Beijing (1995) y Hábitat II (1996), entre otras. Asignar recursos de los presupuestos gubernamentales para la efectividad de dichas políticas y establecer mecanismos e Indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear su cumplimiento en el tiempo.

4. PROTECCIÓN ESPECIAL DE GRUPOS y PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD:
Los grupos y personas en situación vulnerable tienen derecho a medidas especiales de protección e integración, acceso a los servicios esenciales y la no-discriminación. A los efectos de esta carta se consideran vulnerables a los siguientes: personas y grupos en situación de pobreza, de riesgo ambiental (amenazados por desastres naturales), victimas de violencia, con discapacidad, migrantes forzados, refugiados y todo grupo que según la realidad de cada ciudad, esté en situación de desventaja respecto al resto de los habitantes. En estos grupos serán objeto de mayor atención las personas mayores, las mujeres, en especial las jefas de hogar, y los niños.

Las ciudades, mediante políticas de afirmación positiva de los grupos vulnerables, deben suprimir los obstáculos de orden político, económico y social que limiten la libertad, equidad e igualdad de los (as) ciudadanos (as) y impidan el pleno desarrollo de la persona humana y su efectiva participación política, económica, cultural y social en la ciudad.

5. COMPROMISO SOCIAL DEL SECTOR PRIVADO:
Las ciudades deben promover que los agentes económicos del sector privado participen en programas sociales y emprendimientos económicos con la finalidad de desarrollar la solidaridad y la plena igualdad entre los habitantes, de acuerdo con los principios rectores previstos en esta Carta.

6. IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y POLÍTICAS IMPOSITIVAS PROGRESIVAS:
Las ciudades deben promover y valorizar condiciones políticas y programas de economía solidaria.

Parte II. Derechos relativos al Ejercicio de la Ciudadanía y a la Participación en el Planeamiento, Producción y Gestión de la Ciudad

ARTÍCULO III. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CIUDAD
1. Las ciudades se comprometen a abrir cauces y espacios institucionalizados para la participación amplia, directa, equitativa y democrática de los(as) ciudadanos(as) en el proceso de planeamiento, elaboración, aprobación, gestión y evaluación democrática de políticas y presupuestos públicos, planos, programas y acciones por medio de órganos colegiados; audiencias, conferencias, consultas y debates públicos; iniciativa popular de proyectos de ley y de planes de desarrollo urbano.

2. Las ciudades, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formularán y aplicarán políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

3. Las ciudades, para salvaguardar el principio de transparencia, se comprometen a organizar la estructura administrativa de modo que garantice la efectiva responsabilidad de sus gobernantes frente a los ciudadanos(as), así como la responsabilidad de la administración municipal ante los órganos de gobierno, complementando la gestión democrática.

ARTÍCULO IV. PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HABITAT
Las ciudades se comprometen a establecer los mecanismos institucionales y a desarrollar los instrumentos jurídicos, financieros, administrativos, programáticos, fiscales y de capacitación necesarios para apoyar las diversas modalidades de producción social del hábitat y la vivienda con especial atención a los procesos autogestionarios, tanto individuales y familiares, como colectivos organizados.

ARTÍCULO V. DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SUSTENTABLE
1. Las ciudades se comprometen a desarrollar, una planificación, regulación y gestión urbano-ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico, la vez que impida la segregación y la exclusión territorial, y priorizar la producción social del hábitat y el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad privada. Para ello, las ciudades se obligan a adoptar medidas de desarrollo urbano, en especial de rehabilitación de hábitat degradado o marginal, promoviendo una ciudad integrada y equitativa.

2. La planificación de la ciudad y los programas y proyectos sectoriales deberá integrar el tema de la seguridad urbana como un atributo del espacio público.

3. Las ciudades se comprometen a garantizar que los servicios públicos dependan del nivel administrativo más próximo de la población con participación de los ciudadanos (as) en su gestión y fiscalización. Estos deberán ser tratados con un régimen jurídico de bienes públicos impidiendo su privatización.

4. Las ciudades establecerán sistemas de control social de la calidad de los servicios de las empresas prestatarias públicas o privadas en especial en lo relativo al control de calidad y determinación de las tarifas.

ARTÍCULO VI. DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración de la ciudad, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa y financiera y de las empresas y sociedades privadas o mixtas que presten servicios públicos.

2. Los funcionarios del gobierno de la ciudad o del sector privado requerido tienen la obligación de crear o producir información referida a su área de competencia si no cuenta con ella en el momento de efectuarse el pedido. El único límite al acceso a la información pública es el respeto al derecho de intimidad de las personas.

3. Las ciudades se comprometen a garantizar mecanismos para que todas las personas accedan a una información pública eficaz y transparente. Para ello promoverán el acceso de todos sectores de la población a las nuevas tecnologías, su aprendizaje y actualización periódica.

4. Toda persona o grupo organizado tienen derecho a obtener información sobre la disponibilidad y ubicación de suelo adecuado y respecto a los programas habitacionales que se desarrollan en la ciudad, con especial atención en aquellos orientados a los sectores que auto-producen su vivienda y otros componentes del hábitat.

ARTÍCULO VII. LIBERTAD E INTEGRIDAD
Todas las personas tienen derecho a la libertad y a la integridad, tanto física como espiritual. Las ciudades se comprometen a establecer garantías de protección que aseguren que esos derechos no sean violados por individuos o instituciones de cualquier naturaleza.

ARTÍCULO VIII. PARTICIPACIÓN POLÍTICA
1. Todos(as) los(as) ciudadanos (as), conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, tienen derecho a la participación en la vida política local mediante la elección libre y democrática de los representantes locales, así como en todas las decisiones que afecten las políticas locales relativas a la ciudad, especialmente políticas y servicios de diseño, desarrollo, gestión, renovación o mejora de vecindarios.

2. Las ciudades garantizarán el derecho a elecciones libres y democráticas de los representantes locales, la realización de plebiscitos e iniciativas legislativas populares y el acceso equitativo a los debates y audiencias públicas sobre los temas relativos al derecho a la ciudad.

3. Las ciudades deben implementar políticas afirmativas de cuotas para la representación y participación política de las mujeres y minorías en todas las instancias locales electivas y de definición de sus políticas públicas.

ARTICULO IX. DERECHO DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN, MANIFESTACIÓN Y USO DEMOCRATICO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO
Todas las personas tienen derecho de asociación, reunión y manifestación. Las ciudades se comprometen a disponer de espacios públicos para la organización de reuniones abiertas y encuentros informales.

ARTICULO X. DERECHO A LA JUSTICIA
1. Las ciudades se comprometen a adoptar medidas destinadas a mejorar el acceso de todas las personas al derecho y la justicia.

2. Las ciudades deben fomentar la resolución de los conflictos civiles, penales, administrativos y laborales mediante la implementación de mecanismos públicos de conciliación, transacción, mediación.

3. Las ciudades se obligan a garantizar el acceso al servicio de justicia estableciendo políticas especiales en favor de los grupos vulnerables de la población, y fortaleciendo los sistemas de defensa pública gratuita.

ARTÍCULO XI. DERECHO A LA SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA CONVIVENCIA PACIFICA, SOLIDARIA Y MULTICULTURAL
1. Las ciudades se comprometen a la creación de condiciones para la seguridad pública, la convivencia pacifica, el desarrollo colectivo y el ejercicio de la solidaridad. Para ello se garantizará el pleno usufructo de la ciudad, respetando la diversidad y preservando la memoria e identidad cultural de todos los(as) ciudadanos (as) sin discriminación.

2. Las fuerzas de seguridad tienen entre sus principales misiones el respeto y protección de los derechos de los(as) ciudadanos(as). Las ciudades garantizan que las fuerzas de seguridad bajo su mando ejerzan el uso de fuerza estrictamente bajo las previsiones de la ley y el control democrático.

3. Las ciudades garantizan la participación de todos los(as) ciudadanos(as) en el control y evaluación de las fuerzas de seguridad.

Parte III. Derechos relativos al Desarrollo Económico, Social, Cultural y Ambiental de la Ciudad

ARTICULO XII. DERECHO AL AGUA, AL ACCESO Y SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y URBANOS
1. Las ciudades garantizan a todos los(as) ciudadanos (as) el derecho de acceso permanente a los servicios públicos de agua potable, saneamiento, remoción de basura, instalaciones de atención médica, escuelas, a fuentes de energía y tele-comunicaciones, en corresponsabilidad con otros organismos públicos o privados de acuerdo al marco jurídico del derecho internacional y de cada país.

2. Las ciudades garantizarán que los servicios públicos, aún cuando se haya privatizado la gestión con anterioridad a la suscripción de esta Carta, establezcan una tarifa social asequible y un servicio público adecuado para las personas y grupos vulnerables o sin empleo.

ARTÍCULO XIII. DERECHO AL TRANSPORTE Y MOVILIDAD PÚBLICOS
1. Las ciudades garantizan el derecho de movilidad y circulación en la ciudad a través de un sistema de transportes públicos accesibles a todas las personas, según un plan de desplazamiento urbano e interurbano y medios de transporte adecuados a las diferentes necesidades sociales (de género, edad y discapacidad) y ambientales, con precio razonable adecuado a sus ingresos. Será estimulado el uso de vehículos no contaminantes y se establecerán áreas reservadas a los peatones de manera permanente o para ciertos momentos del día.

2. Las ciudades promueven la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación de los equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y circulación y la adaptación de todas las edificaciones públicas o de uso público, los locales de trabajo y esparcimiento para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO XIV. DERECHO A LA VIVIENDA
1. Las ciudades, en el marco de sus competencias, se comprometen a adoptar medidas para garantizar a todos(as) los(as) ciudadanos (as) que los gastos de vivienda sean soportables de acuerdo a sus ingresos; que las viviendas reúnan condiciones de habitabilidad, que estén ubicadas en un lugar adecuado y se adapten a las características culturales y étnicas de quienes las habitan.

2. Las ciudades se obligan a facilitar una oferta adecuada de vivienda y equipamientos de barrio para todos(as) los(as) ciudadanos (as) y a garantizar a los grupos vulnerables planes de financiamiento y de servicios para la asistencia a la infancia y a la vejez.

3. Las ciudades garantizan, a los grupos vulnerables, prioridad en las leyes y las políticas de vivienda. Las Ciudades se comprometen a establecer programas de subsidio y financiamiento para adquisición de tierras o inmuebles, así como planes de regularización de la tenencia de la tierra y mejoramiento de los barrios precarios, asentamientos y ocupaciones informales para fines habitacionales.

4. Las ciudades se comprometen a incluir a las mujeres beneficiarias en los documentos de posesión y propiedad expedidos y registrados, independientemente de su estado civil, en todas las políticas públicas de distribución y titulación de tierras y viviendas que desarrollen.

5. Todos(as) los(as) ciudadanos (as), en forma individual, en pareja o en grupo familiar sin hogar tienen un derecho exigible a la provisión inmediata de espacio de vivienda suficiente, independiente y adecuado por las autoridades públicas de la Ciudad. Los albergues, los refugios y el alojamiento de cama y desayuno podrán ser adoptados como medidas provisorias de emergencia, sin perjuicio de la obligación de proveer una solución de vivienda definitiva.

6. Toda persona tiene el derecho a la seguridad en la posesión de su vivienda por medio de instrumentos jurídicos que la garanticen y derecho a protección frente a desalojos, expropiaciones o traslados forzados o arbitrarios.

7. Las ciudades se comprometen a inhibir la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas urbanas para una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanización y la adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria y financiera y de los gastos públicos a los objetivos del desarrollo urbano.

8. Las ciudades promulgarán la legislación adecuada y establecerán mecanismos y sanciones destinados a garantizar el pleno aprovechamiento del suelo urbano y de inmuebles públicos y privados no edificados, no utilizados, subutilizados o no ocupados, para el fin de cumplimiento de la función social de la propiedad.

9. Las ciudades protegen a los inquilinos de la usura y los desalojos arbitrarios, regulando los alquileres de inmuebles para habitación de acuerdo a la Observación General Nº 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas.

10. El presente artículo será aplicable a todas las personas, incluyendo familias, grupos, ocupantes sin títulos, sin techo y aquellas personas o grupos de personas cuyas circunstancias de vivienda varían, en particular los nómadas, los viajeros y los romaníes.

11. Las ciudades promueven la instalación de albergues y viviendas sociales de alquiler para mujeres víctimas de violencia conyugal.

ARTÍCULO XV. DERECHO AL TRABAJO
1. Las ciudades, en corresponsabilidad con sus Autoridades nacionales, contribuyen, en la medida de sus posibilidades, a la consecución del pleno empleo en la ciudad. Asimismo, promueven la actualización y la recalificación de los trabajadores empleados o no, a través de la formación permanente.

2. Las ciudades promueven la creación de condiciones para que los niños y las niñas puedan disfrutar de la infancia, para combatir el trabajo infantil.

3. Las ciudades, en colaboración con las demás administraciones públicas y las empresas, desarrollaran mecanismos para asegurar la igualdad de todos ante el trabajo, impidiendo cualquier discriminación.

4. Las ciudades promueven el igual acceso de las mujeres al trabajo mediante la creación de guarderías y otras medidas, y de las personas discapacitadas mediante la implementación de equipamientos apropiados. Para mejorar las condiciones de empleo, las ciudades establecerán programas de mejoría de las viviendas urbanas utilizadas por las mujeres jefas de familia y grupos vulnerables como espacios de trabajo. Las ciudades se comprometen a promover la integración progresiva del comercio informal que realizan las personas de bajos ingresos o desempleadas, evitando su eliminación y disponiendo de espacios ara su ejercicio y políticas adecuadas para su incorporación en la economía urbana.

ARTICULO XVI. DERECHO AL MEDIO AMBIENTE
1. Las ciudades se comprometen a adoptar medidas de prevención frente a la contaminación y ocupación desordenada del territorio y de las áreas de protección ambiental, incluyendo ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, y recuperación de vertientes, para ampliar y proteger los espacios verdes.

2. Las ciudades se comprometen a respetar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico y a promover la recuperación y revitalización de las áreas degradadas y de los equipamientos urbanos.

Parte IV. Disposiciones Finales

ARTICULO XVII. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ESTADO EN LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA CIUDAD
1. Los organismos internacionales, gobiernos nacionales, provinciales, regionales, metropolitanos, municipales y locales son actores responsables por la efectiva aplicación de los derechos previstos en esta Carta, así como de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, para todos(as) los(as) ciudadanos(as) en las ciudades, con base en el sistema de derecho internacional de derechos humanos y el sistema de competencias vigente en el respectivo país.

2. La no implementación de los derechos previstos en esta Carta, o su aplicación en desacuerdo con sus principios y directrices rectoras o con las normas internacionales y nacionales de derechos humanos vigentes en el país, por los gobiernos responsables, concurrirá en violación al Derecho a la Ciudad que solamente podrá corregirse mediante la implementación de las medidas necesarias para la reparación/reversión del acto o de la omisión que le dieron causa. Esas medidas deberán garantizar que los efectos negativos o daños derivados sean reparados/revertidos de forma a garantizar a los(as) ciudadanos(as) la efectiva promoción, protección y garantía de los derechos humanos previsto en esta Carta.

ARTICULO XVIII. MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DERECHO A LA CIUDAD
1. Las ciudades deben adoptar todas las medidas normativas necesarias, de forma adecuada e inmediata, para asegurar el Derecho a la Ciudad de todas las personas, conforme a lo dispuesto por esta Carta. Las Ciudades garantizarán la participación de los(as) ciudadanos (as) y las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de revisión normativa. Las ciudades están obligadas a utilizar hasta el máximo de sus recursos disponibles para cumplir las obligaciones jurídicas establecidas en esta Carta.

2. Las ciudades proporcionarán capacitación y educación en derechos humanos a todos los agentes públicos relacionados con la implementación del Derecho a la Ciudad y con las obligaciones correspondientes, en especial a los funcionarios públicos empleados por los órganos públicos cuyas políticas influyan de alguna manera en la plena realización del Derecho la Ciudad.

3. Las ciudades promoverán la enseñanza del derecho a la ciudad en las escuelas y universidades y por conducto de los medios de comunicación.

4. Los (as) ciudadanos (as) supervisarán y evaluarán con regularidad y globalmente el grado en que se respetan las obligaciones y los derechos de la presente Carta.

5. Las ciudades establecerán mecanismos de evaluación y monitoreo de las políticas de desarrollo urbano e inclusión social implementadas con base en un sistema eficaz de indicadores del derecho a la ciudad con diferenciación de géneros para asegurar el derecho a la ciudad con base en los principios y normas de esta Carta.

ARTICULO XIX. LESION AL DERECHO A LA CIUDAD
Constituye lesión al Derecho a la Ciudad las acciones y omisiones, medidas legislativas, administrativas y judiciales, y prácticas sociales que resulten en el impedimento, recusación, dificultad e imposibilidad de:
- Realización de los derechos establecidos en esta carta;
- La participación política colectiva de habitantes y mujeres y grupos sociales en la gestión de la ciudad;
- Cumplimiento de las decisiones y prioridades definidas en los procesos participativos que integran la gestión de la ciudad;
- Manutención de las identidades culturales, formas de convivencia pacífica, producción social del hábitat, así como las forma de manifestación y acción de los grupos sociales y ciudadanos, en especial los vulnerables y desfavorecidos con base en sus usos y costumbres

1. Las acciones y omisiones pueden expresarse en el campo administrativo, por la elaboración y ejecución de proyectos, programas y planes; en la esfera legislativa, a través de la edición de leyes, control de los recursos públicos y acciones del gobierno; en la esfera judicial, en los juicios y decisiones sobre conflictos colectivos y difusos referentes a temas de interés urbano.

ARTICULO XX. EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A LA CIUDAD
Toda persona tiene derecho a recursos administrativos y judiciales eficaces y completos relacionados con los derechos y deberes enunciados en la presente Carta, incluido el no disfrute de tales derechos.

ARTICULO XXI. COMPROMISOS CON LA CARTA DEL DERECHO A LA CIUDAD

I - Las redes y organizaciones sociales se comprometen a:

1. Difundir ampliamente esta Carta y potenciar la articulación internacional por el Derecho a la Ciudad en el contexto del Foro Social Mundial, así como en otras conferencias y foros internacionales con el objetivo de contribuir al avance de los movimientos sociales y de las redes de Ongs y a la construcción de una vida digna en las ciudades;

2. Construir plataformas de exigibilidad del derecho a la ciudad; documentar y diseminar experiencias nacionales y locales que apunten a la construcción de este derecho;

3. Presentar esta Carta por el Derecho a la Ciudad a los distintos organismos y agencias del Sistema de las Naciones Unidas y de los Organismos Regionales, para iniciar una proceso que tenga como objetivo lo reconocimiento del derecho a la ciudad cono uno derecho humano.

II - Los Gobiernos nacionales y locales se comprometen a:
1. Elaborar y promover marcos institucionales que consagren el derecho a la ciudad, así como a formular, con carácter de urgencia, planes de acción para un modelo de desarrollo sustentable aplicado a las ciudades, en concordancia con los principios enunciados en esta Carta;

2. Construir plataformas asociativas, con amplia participación de la sociedad civil, para promover el desarrollo sustentable en las ciudades;

3. Promover la ratificación y aplicación de los pactos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales que contribuyan en la construcción del derecho a la ciudad.

III - Los organismos internacionales se comprometen a:
1.Emprender todos los esfuerzos para sensibilizar, estimular y apoyar los gobiernos en la promoción de campañas, seminarios y conferencias, así como a facilitar publicaciones técnicas apropiadas que conduzcan a la adhesión a los compromisos de esta carta;

2. Monitorear y Promover la aplicación de los pactos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales que contribuyan en la construcción del derecho a la ciudad;

3. Abrir espacios de participación en los organismos consultivos y decisorios del sistema de Naciones Unidas que faciliten la discusión de esta iniciativa.