Las ciudades y el derecho a resistir el modelo neoliberal que provocó la crisis
Comenzamos este nuevo milenio con la mitad de la población
viviendo en ciudades y la tasa de urbanización seguirá creciendo. Las
ciudades son territorios potenciales de gran riqueza y diversidad
económica, ambiental, política y cultural. Sin embargo, el modelo
neoliberal, implementado prácticamente en el mundo entero, concentra
ingresos y poder en manos de las élites; los procesos de urbanización
acelerada contribuyen a la depredación del medio ambiente y a la
privatización del espacio público, causando empobrecimiento, exclusión y
segregación social y espacial. Este es el modelo que hizo estallar la
crisis financiera y global que está exacerbando los problemas de
vivienda, en el campo y en la ciudad.
La gran mayoría de los
habitantes de las ciudades sufre los embates de este modelo y de sus
crisis repetidas. Está privada o limitada en la satisfacción de sus
necesidades básicas y por lo tanto tiene el derecho y la legitimad de
resistir a las violaciones en sus derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales.
Desde la primera Cumbre de la Tierra en
Río de Janeiro (ECO’92), movimientos populares, organizaciones sociales,
asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales
de la sociedad civil han asumido el reto de construir un modelo de
sociedad y de vida urbana sostenible, basado en los principios de
solidaridad, libertad, igualdad, dignidad y justicia social.
La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, plataforma común para exigir nuestros derechos y defender los bienes comunes
Un resultado de esta movilización internacional de los sectores
de la sociedad civil a partir del Foro Social Mundial en Porto Alegre en
2001 fue la elaboración y difusión de la Carta Mundial por el Derecho a
la Ciudad que propone una plataforma por ciudades justas, democráticas,
más humanas y sostenibles.
A sabiendas de que la construcción de
una ciudad justa e igualitaria es inseparable de la lucha por el
disfrute social, equitativo y sustentable de los bienes comunes, como el
agua, la flora y la fauna, por la democratización del acceso a la
tierra urbana y rural, de la lucha por la reforma urbana y la reforma
agraria, por la democratización de la gestión del territorio, por la
soberanía alimentaria de los pueblos, por las prácticas agrícolas
ambientalmente responsables, por la garantía de los modos y medios de
vida de las y los agricultores familiares y de las poblaciones
tradicionales e indígenas en todo el mundo, ahora en 2012, frente a los
gobiernos, el G20 y a las instituciones financieras internacionales, con
nuestras luchas y nuestras capacidades, volvemos a exigir las
condiciones necesarias, en particular las políticas públicas, para vivir
en armonía, paz y felicidad en territorios justos, democráticos y
sostenibles.
A partir de la definición suscrita por el Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat en 2010, “el
Derecho a la Ciudad
es el derecho colectivo de las generaciones presentes y futuras para
una ciudad sostenible sin discriminación de sexo, edad, raza, estado de
salud, ingresos, nacionalidad, origen étnico, migración, orientación
política, violencia sexual o religiosa, así como a preservar su
identidad y la memoria cultural”, es hora de que estados y sociedad
civil, juntos, despleguemos obligaciones y responsabilidades hacia
nuevos pactos sociales territoriales fundamentados en paradigmas
alternativos a los neoliberales, asumiendo los siguientes compromisos:
1.
El ejercicio pleno de la ciudadanía
. Una ciudad en la que todas las personas (niñ@s, jóvenes, adult@s
mayores, mujeres y hombres, que viven de forma permanente o transitoria
en las ciudades) realizan y disfrutan todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, mediante la construcción de condiciones de
bienestar colectivo con dignidad, equidad y justicia social. A tal
efecto, el derecho de las ciudades, o
civitas
–sus habitantes, actores sociales e instituciones–, a ejercer su
autonomía para resistir a la agresividad de la globalización neoliberal,
sin sufrir la criminalización de sus expresiones cívicas.
2.
La función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad
. Una ciudad donde sus habitantes participan para que la distribución
del territorio y la regulación de su uso garanticen el usufructo
equitativo de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad
ofrece. Una ciudad en la que se priorice el interés público definido
colectivamente, garantizando un uso socialmente justo y ambientalmente
equilibrado del territorio. Por lo tanto, se deben generar e implementar
políticas públicas e instrumentos específicos para frenar la
especulación, la segregación urbana, la exclusión, los desalojos y
desplazamientos y el acaparamiento de la tierra urbana y rural.
3.
La gestión democrática de la ciudad
. Una ciudad donde sus habitantes participan de todos los espacios de
decisión –hasta el más alto nivel– para la formulación e implementación
de las políticas públicas, así como en la planeación, presupuesto
público y el control de los procesos urbanos. Se refiere a fortalecer
los espacios institucionalizados de toma de decisiones –no sólo los
espacios consultivos ciudadanos– con participación en la gestión,
monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
4.
La producción democrática de la ciudad y en la ciudad
. Una ciudad donde se rescata y fortalece la capacidad productiva de sus
habitantes, en especial de los sectores populares, fomentando y
apoyando la producción social del hábitat y el desarrollo de las
actividades económicas solidarias, incluyendo la agricultura urbana para
fortalecer la soberanía alimentaria. El derecho a producir la ciudad y a
un hábitat productivo, incluyendo el derecho a la energía, que genere
ingresos para todas y todos, que fortalezca la economía popular y no
sólo las ganancias cuasi-monopólicas de unos pocos. Una ciudad abierta y
alerta a las necesidades de los grupos vulnerables, las personas en
situación de pobreza y de riesgo ambiental (amenazadas y/o víctimas de
desastres ambientales generados por el ser humano), las personas
amenazadas y/o víctimas de la violencia, las personas discapacitadas,
los y las inmigrantes y refugiado(a)s y a todos los sectores que están
marginalizados o en desventaja respecto a los demás habitantes.
5.
El manejo sustentable y responsable de los bienes comunes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno
. Una ciudad donde sus habitantes y autoridades implementan políticas
públicas para una relación responsable de los bienes comunes como el
agua y el medio ambiente –sin privatización–, para asegurar la vida
digna de las personas, de las comunidades y pueblos, en igualdad de
condiciones y sin afectar las áreas naturales de reserva ecológica; para
ahora y para las futuras generaciones.
6.
El disfrute democrático y equitativo de la ciudad
. Una ciudad que reconoce en todo la trama urbana el derecho a la
accesibilidad y a la igualdad de oportunidades, favoreciendo la
convivencia social, promoviendo la equidad de género, respetando a todas
las personas, independientemente de su etnia, edad, capacidades,
orientación sexual y religión. Una ciudad que facilita la movilidad de
todos sus habitantes, con tecnología sustentable no contaminante e
incentivos al transporte público y a medios alternativos –como la
bicicleta– para todas y todos. Una ciudad que incluye, en la formación
escolar, universitaria y de los funcionarios públicos responsables de
las políticas públicas locales, el derecho a la ciudad sostenible y el
derecho a la comunicación horizontal y a la información.
Abril 2012
Suscriben:
Alianza Internacional de los Habitantes, AIH
Foro Nacional de Reforma Urbana, FNRU, Brasil
Habitat International Coalition, HIC
No hay comentarios:
Publicar un comentario